COMO SE INVIERTEN LOS VALORES SOCIALES Y TODOS PARECEN ESTAR DEACUERDO¡¡
COMO SE INVIERTEN LOS VALORES SOCIALES Y TODOS PARECEN ESTAR DE ACUERDO¡¡
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO RESERVA ACTIVA
“Cuando la patria está en peligro, se ruega a
Dios y se recurre al Soldado; cuando el peligro ha pasado, se olvida a Dios y
se enjuicia al Soldado…”
Anónimo.
La Mesa de Trabajo
Permanente (MTP) integrada por el Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa
perteneciente a las distintas asociaciones de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, rechazan categóricamente las recientes declaraciones del
grupo armado narcoterrorista Farc, la de unos falsos voceros de supuestas
víctimas del conflicto armado y la de algunos organismos nacionales e internacionales, con los cuales se ofende
en materia grave a las Fuerzas Armadas de la República, y se insiste en acusar
y hacer responsable al Estado Colombiano, por infundados hechos criminales no
comprobados, los cuales se les atribuye sin verdad jurídica a algunos miembros
de la Fuerza Pública.
En el actual proceso que se adelanta para el
resarcimiento por violación a sus derechos fundamentales, miles de víctimas
causadas por las Farc durante sus cincuenta años de existencia, exigen sin
vacilación alguna justicia, verdad, reparación y no repetición.
Los representantes de las Naciones Unidas (ONU) y
de la Universidad Nacional de Colombia. (UNAL), comisionados por la mesa de
negociaciones para intervenir en este proceso, con sus insistentes y recientes
declaraciones, han terciado abiertamente en favor de las víctimas bajo
responsabilidad exclusiva del Estado, pretendiendo con esto invisibilizar y
ocultar al máximo las que han sido causadas por las Farc.
El señor Fabricio Hochschild, en su condición de
Coordinador Residente Humanitario de la ONU en Colombia, entre otras graves
afirmaciones, ha insistido en colocar en pie de igualdad, a los miembros de la
Fuerza Pública con los terroristas de las Farc. En otros términos, para este
funcionario, militares y policías, son también terroristas al servicio del
Estado Colombiano.
Para la selección y manejo de las víctimas que
próximamente formularan sus respectivos reclamos en la Mesa de Negociaciones de
la Habana, fueron designadas la Universidad Nacional de Colombia, las Naciones
Unidas y la Conferencia Episcopal. Dentro de este compromiso, lamentablemente
la Conferencia Episcopal ha estado bastante indiferente, dejando en manos de
los representantes de la Universidad Nacional y de las Naciones Unidas, el
liderazgo y la programación de distintos eventos que se han venido realizando a
través de foros regionales en las ciudades de Villavicencio, Barrancabermeja,
Barranquilla y Cali.
En el último foro realizado en la ciudad de Cali,
se contó con una significativa participación de víctimas de distintos sectores,
la gran mayoría liderados políticamente por algunos grupos radicales de la izquierda
y otros por asociaciones de la Fuerza Pública y de la sociedad civil, que se
hicieron presentes como víctimas del grupo narcoterrorista Farc .
Dirigentes políticos ampliamente reconocidos,
pertenecientes al Partido Comunista Colombiano, al Partido Comunista
Clandestino (PC3), a la Unión Patriótica y a la Marcha Patriótica, con la ayuda
evidente de los representantes de la Universidad Nacional y de las Naciones
Unidas, realizaron una gran campaña propagandista y de visibilización de muchas
personas que presentaron públicamente como víctimas del Estado Colombiano,
señalando en particular, a miembros de la fuerza pública y también a los
paramilitares como sus directos responsables.
En cuanto al delegado de las Naciones Unidas, desde
un principio se hizo notorio su interés por respaldar y favorecer algunas
posiciones hechas públicas por las Farc, cuando abierta y categóricamente
afirmo: “….las personas uniformadas de la Fuerza Pública, son iguales a las
uniformadas pertenecientes a la Farc”. Tal despropósito y ofensiva comparación,
genero una gran indignación en distintos sectores sociales, y ya hay muchas
voces que reclaman su relevo inmediato de este organismo y salida del
territorio nacional.
Dentro de esta misma estrategia, también se hizo
evidente diferentes actividades proselitistas con discursos intimidatorios para
tratar de influir en muchas de las víctimas de las Farc, a fin de que se
abstuvieran de presentar sus reclamaciones. En algunos casos lo consiguieron
exitosamente.
Los pronunciamientos públicos realizados por las
Farc, en los cuales se afirmaba categóricamente, que bajo ninguna circunstancia
se harían responsables de cualquier hecho que se les sindicara, que su
actuación dentro del conflicto armado siempre fué en condición de víctimas y no
de victimarios, y que por tanto, no habría arrepentimiento alguno, se
constituyó en una constante durante todo el tiempo en que se desarrollaron los
diferentes foros.
Para el caso de militares y policías que quisieran
reclamar por cualquier caso de secuestro, cínicamente anunciaron que no serían
aceptados, ya que su condición era o fue de “retenidos” o de “prisioneros de
guerra”, dadas las circunstancias del conflicto armado existente, el cual fue
reconocido oficial e internacionalmente por el propio gobierno nacional.
Sobre las múltiples quejas que se han venido
formulando en relación con este proceso, y que en su debido momento fueron
denunciadas por la reserva activa ante los organizadores del evento y a través
de diferentes medios de comunicación, salvo la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoria del Pueblo, ninguna otra entidad gubernamental, formuló
reparos o cuestionamiento alguno. Tampoco lo hizo la Conferencia Episcopal. La
Defensoria del Pueblo optó por retirarse del foro que se desarrolló en la
ciudad de Cali, anunciando que con su presencia en tal evento, se estaría
avalando o patrocinando el sesgo político y las irregularidades que se estaban
presentando.
Consecuente con lo anterior y teniendo en cuenta
que este proceso aún no ha terminado, esperamos que quienes tienen bajo su
responsabilidad el manejo de este delicado proceso, actúen en el futuro con la
imparcialidad y el decoro que tal compromiso demanda, en forma tal que
garantice la equidad, pluralidad y eficacia requerida, frente a las justas
reclamaciones que serán formuladas por las víctimas de este conflicto.
Bogotá, D.C., Agosto 15 de 2014.
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